España va a la zaga en la protección de la salud frente a los efectos nocivos del radón, después de acumular años de retraso en la transposición completa de la Directiva Europea que obliga a los Estados miembro a contar con un Plan Nacional contra el radón. Se trata de un gas radiactivo de origen natural que se acumula especialmente dentro de los edificios y cuyos efectos en la salud suponen la segunda causa de cáncer de pulmón en España.
La directiva europea que obliga a los Estados miembro a establecer niveles nacionales de referencia para las concentraciones de radón en recintos cerrados se aprobó en 2013 y el plazo para adaptar la normativa nacional concluyó en febrero de 2018 sin que España hubiera adaptado para entonces su legislación. La demora provocó que la Comisión Europea abriera un expediente y, aunque se han producido avances, aún no está transpuesta a la normativa nacional en su totalidad.